Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Desde nuestra organización sindical entendemos que el Servicio Aragonés de Salud se ha saltado los principios legales que deben regir cualquier proceso selectivo en base a los derechos fundamentales de acceso a la función y cargos públicos.

Desde TECNOS hemos solicitado al Servicio Aragonés de Salud la paralización de las listas de espera provisionales de Técnico Superior en Dietética y Nutrición por el sistema de promoción interna, mediante resolución de la Gerencia del Sector Zaragoza II. La citada paralización que ha sido solicitada mediante escrito dirigido al Servicio Aragonés, se ha reclamado en base a la ORDEN SAN/972/2018, de 5 de junio, por la que se crea la categoría estatutaria de Técnico/a Superior Especialista en Dietética y Nutrición en el ámbito de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, al entender que dicha orden está aún, a fecha de hoy sin ejecutar, al no existir listados anteriormente publicados ni de cupo libre ni de discapacidad de esta categoría profesional.

Desde TECNOS consideramos que se está vulnerando así derechos fundamentales de acceso a la función y cargo público en base a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, tal y como marcan los principios legales que señalamos en nuestro escrito remitido al Servicio Aragonés de Salud como son, entre otros, el Estatuto marco del personal estatutario de los Servicios de Salud; la Constitución que en su artículo 23.2 reconoce el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos o la resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, que resuelve la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de plazas de personal estatutario de sus centros sanitarios.

Desde TECNOS confiamos en que el Servicio Aragonés de Salud de marcha atrás y paralice las citadas listas con el objetivo de mantenerse en los principios de igualdad de concurrencia competitiva que debe regir cualquier proceso en una administración pública.