TECNOS, como Organización Sindical, acudió a la sede parlamentaria el pasado lunes día 19 de octubre de 2020, citada por la comisión de Presidencia, Administración Pública y Administración del Interior de la Junta de Andalucía.

En 2017 ya presentó documentación a diversos grupos parlamentarios sobre diversas medidas que tenían por objeto prevenir el recurso abusivo de la Administración Andaluza en cuanto situaciones de trabajo de duración determinada (eventuales). TECNOS (en aquel momento, FATE) hizo mención al artículo 3 del Real Decreto 2720/1998, del 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada (BOE N° 7, de 8 de enero de 1999, página 568). Incidió en que los contratos eventuales incluidos en la categoría de contratos de duración determinada estaban pensados para dar repuesta a necesidades coyunturales.

Estas reivindicaciones han sido escuchadas en el Parlamento de Andalucía este lunes 19, donde se ha incidido en que la Administración Andaluza debe gestionar una Proposición de Ley debido al alto índice de eventualidad en las Administraciones Centrales, Autonómicas y Locales, para buscar una salida que ya prevé la propia Ley, lo que significaría que solo es necesario habilitar dicha norma para solucionar el grave problema existente con buena parte de los trabajadores públicos eventuales por falta de la aplicación del artículo 70 del TREBEP.

La doctrina constitucional ha admitido que, mediante una norma con rango de ley, pueden contemplarse las llamadas «pruebas restringidas» cuando así lo justifique la excepcionalidad de la situación que se pretende afrontar y la legitimidad del fin perseguido (SSTC 16/1998, 12/1999, 126/2008, y 130/2009, entre otras). El respaldado de Proposición de Ley Especial, junto al apoyo de una Ley Básica, difícilmente pueden ordenarse como medidas efectivas contrarias, pero, en último término, será el Tribunal Constitucional, de acuerdo con la doctrina antes referida, quien juzgue su compatibilidad con los principios constitucionales que pueden entrar en conflicto con el Artículo 103 de la Carta Magna.

Desde TECNOS hacemos un llamamiento a la Administración Andaluza para dejar al margen los intereses de los diferentes grupos parlamentarios y, así, desarrollar una solución conjunta a este problema derivado de la mala praxis de la administración en los últimos 12 años por el abuso de contratos eventuales. Estos no obedecían ni obedecen a situaciones coyunturales de necesidades asistenciales concretas y/o temporales, si no a un encubrimiento de personal estructural que ha pasado los procesos selectivos requeridos para cada una de sus categorías profesionales.